Según explican en nota de prensa, «hace más de dos semanas que los concejales socialistas en el Ayuntamiento la localidad, enormemente preocupados por la situación de Industrias Basati», presentaron una solicitud de convocatoria urgente de la Junta de Portavoces para conocer «el contenido de los contactos mantenidos por el equipo de Gobierno con los trabajadores y representantes de le empresa, y estudiar qué tipo de medidas concretas se podrían adoptar».

A pesar de que entonces «manifestábamos nuestra esperanza de que se convocara la reunión solicitada, al ser un tema de enorme importancia y de graves repercusiones sociales y económicas -tanto para los trabajadores de la empresa, como para sus familias y para la propia localidad- ni el PP ni el PR+ han movido pieza al respecto».
Una actitud que demuestra que «están desaparecidos» y lamentan que esta petición «como tantas otras en estos más de dos años, ha vuelto a caer en saco roto».
Ante tal situación, desde el GMS critican «esta falta de interés sabiendo que, en estas dos semanas, la situación de los trabajadores de Industrias Basati ha empeorado significativamente, y que podríamos estar ante una situación de no retorno».
Políticamente, aseguran, el resumen es muy breve: «Azpeitia ni está ni se le espera en la defensa de los trabajadores de Industrias Basati, de sus familias y de la propia ciudad, permitiendo con su absoluta inactividad que todo lo hecho por otras corporaciones no sirva al final para nada».
«Conocidas también las noticias de las últimas decisiones de la empresa, quizá ha llegado ya el momento de proponer un paso más, y que el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada estudie de forma seria e inmediata la posibilidad de demandar a Industrias Basati por incumplimiento de los compromisos con el municipio, por cuanto que la empresa ya hizo uso en su momento de los terrenos recalificados, con el consiguiente beneficio económico y, sin embargo, ha cesado su actividad en esta ciudad».
Además, para el GMS es el momento de «exigir a Industrias Basati, y subsidiariamente a quienes presentaron en nombre de la empresa sus compromisos ante el Ayuntamiento, el 25 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos que se produjeron tras las recalificaciones efectuadas por el municipio, ya que ese beneficio, al que ya hemos aludido, no ha revertido ni en la ciudad, ni en los trabajadores ni en sus familias, como se había planteado».
También quieren exigir al Gobierno de La Rioja «que no se cruce de brazos como han hecho Azpeitia y Bañares, y que se implique en la resolución de este conflicto para que continúe la actividad de la empresa».