Desde Unión, Progreso y Democracia creen que de hacerse efectiva la multa, es el primer edil el que debe correr con los gastos, ya que se trata de un coste económico que no han de pagar los vecinos de la localidad.

La formación política recuerda que el “vertido ilegal” es fruto de una infracción cometida por un familiar del propio regidor. UPyD considera que de confirmarse la sanción de 10.000 euros al Consistorio, ésta “puede suponer un quebranto para la economía del Consistorio”.

Unión, Progreso y Democracia insta a que el artífice del vertido, o el propio alcalde, “quien lo autorizó”, se haga cargo de la cantidad íntegra de la multa. Asimismo, exigen que ángel Seisas se disculpe ante sus vecinos.