Se trata de edificios que acceden a los aparcamientos, a través de espacios públicos, y no disponen de vado.

Javier Redondo asegura que la última normativa es del año 2009 y establece unos requisitos de seguridad que “no se cumplen” por parte de varias urbanizaciones. Algunas comunidades ya realizan obras de adecuación, pero “otras lo tienen complicado”. El primer teniente de alcalde no sabe el motivo por el que se ha permitido esta circunstancia que, además, origina un perjuicio económico para el Consistorio ya que no percibe los ingresos por licencia de vados.

El tripartito estudiará estas cuestiones, para que se adapten a la normativa, e incluso no descarta solicitar el dinero que correspondería haber pagado en los últimos años. Este último punto no está claro debido a que tal vez exista responsabilidad municipal.