La organización agraria critica la “pasividad” de la consejería de Sostenibilidad ante la falta de medidas excepcionales eficaces para reducir los daños por fauna silvestre. ARAG-ASAJA recuerda que más de nueve comunidades autónomas, que representan el 90% del territorio nacional, ya han adoptado medidas escuchando al sector.

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, ha acusado al Gobierno de La Rioja de vender una vez más la elaboración de una nueva ley de caza como solución a un problema, los daños por fauna silvestre, que por primera vez ya afectan a más del 50% de los municipios de La Rioja.

Para Pérez, este anuncio “es una “tomadura de pelo” para los agricultores y ganaderos ya que el consejero de Sostenibilidad lleva hablando de ello desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que el Parlamento de La Rioja aprobó la modificación de esta ley, a propuesta de ARAG-ASAJA como el instrumento más adecuado, a medio plazo, para solucionar los daños causados por la fauna silvestre.

Desde entonces, añade, la Consejería no ha hecho nada en este asunto. “Ni tan siquiera adoptar un plan de medidas excepcionales para reducir los daños dados los cuantiosos daños que están soportando el sector”.

ARAG-ASAJA recuerda que el único pronunciamiento de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica ha sido la publicación hace casi un mes de una orden que modificaba algunas limitaciones y períodos hábiles de caza en la región, pero que dejaba fuera las medidas propuestas por las OPA. Unas medidas para cazar que, a juicio del presidente de la organización, “no sólo han llegado tarde, sino que son ineficaces e insuficientes para el control de la plaga de conejos que existe en toda La Rioja”.

Por estos motivos, Pérez critica la «inacción y pasividad» de la Consejería en este asunto frente a las medidas extraordinarias ya adoptadas en otras comunidades autónomas escuchando al sector. De hecho, para la organización, que haya más de 9 Comunidades que ya hayan tomado medidas en este problema generalizado deja sin “excusas” y en “muy mal lugar” la administración regional frente a los agricultores riojanos.