Según informa la Guardia Civil, el responsable de dicha explotación sacrificaba animales sin supervisión veterinaria y en pésimas condiciones higiénico-sanitarias.

El responsable de la explotación, en la que se encontró en el interior de un contenedor varios animales muertos y despellejados, junto a las vísceras, sangre y pieles de otros, presuntamente sacrificaba a los animales en una de las dependencias de la granja, bajo pésimas condiciones higiénico-sanitarias, careciendo de la documentación sanitaria y situación de los animales ante mortem, que es obligatoria para conocer el buen estado de salud, la normalidad fisiológica y la trazabilidad de los animales.

Esta documentación es un requisito imprescindible para saber si la carne es apta o no para el consumo humano, y debe estar expedida por un veterinario oficial.

Por estos hechos los agentes han tramitado tres actas/denuncias, dos de ellas por infracciones “graves” y “muy graves” a la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales por: “realizar actividades sin contar con la autorización administrativa o la inscripción registral exigible según las normas de protección animal”, y por “incumplir la obligación de aturdimiento previo en el sacrificio de los animales”. Ambas infracciones se sancionan con penas de multa que oscilan desde los 601 a 100.000 euros.

La tercera por infracción “muy grave” a la Ley 8/2003 de sanidad animal por: “la omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que deban someterse los animales con destino a consumo humano, así como su no realización en los laboratorios designados por el órgano competente de la comunidad autónoma”. Esta infracción lleva aparejada pena de multa de 60.001 a 1.200.000 euros.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de las Autoridades competentes.