Las cuatro naves industriales destinadas a la producción sistemática de cannabis sativa se ubicaban en Briones, Haro, Nájera y Tricio, según han determinado los investigadores de esta operación, denominada «Apostaxi».

La Guardia Civil ha detenido a siete personas que formaban parte de una organización ya desarticulada de producción y distribución de marihuana en La Rioja y el País Vasco, con una elaboración anual de 1.800 kilos de marihuana que colocaban a través de cuatro «narconaves». La Guardia Civil de La Rioja ha detallado este jueves, en una nota, que han intervenido y destruido 5.805 plantas de marihuana, que habían sido tratadas genéticamente para obtener un mayor índice de tetrahidrocannabinol (TCH).

Los miembros de esta organización, para maximizar los beneficios económicos, habían empezado a experimentar con lavadoras en frío de marihuana, con el fin de extraer el polen del cannabis y elaborar hachís.

Las cuatro naves industriales destinadas a la producción sistemática de cannabis sativa se ubicaban en las localidades riojanas de Briones, Haro, Nájera y Tricio, según han determinado los investigadores de esta operación, denominada «Apostaxi».

Tres de las naves industriales funcionaban a pleno rendimiento para obtener hasta seis cosechas anuales en cada una de ellas y la organización, para su funcionamiento, había practicado enganches ilegales a la red eléctrica pública, con una estimación de fluido eléctrico defraudado en 66.270 euros.

La operación se inició en mayo de 2019, cuando la Guardia Civil desmanteló una de las «narconaves», instalada en Haro, en la que se incautaron 2.765 plantas de marihuana en el punto óptimo de recolección, con un peso neto de 212,39 kilos.

Los agentes, con esta intervención, identificaron a cada uno de los integrantes de la organización, localizaron las otras tres naves en Briones, Nájera y Tricio y, de manera simultánea, detuvieron a sus miembros y registraron las «narconaves» y dos viviendas de Haro.

Los integrantes de la organización mantenían una relación jerarquizada, con roles muy definidos y una gran movilidad por España y tomaban fuertes medidas de seguridad para dificultar la labor policial.

El jefe se encargaba de la gestión económica y administrativa; el «conseguidor» localizaba y alquilaba las naves industriales en polígonos poco transitados; y el «montador» realizar las instalaciones eléctricas para el acondicionamiento de la plantas.

El «cultivador» se ocupaba de la supervisión y manipulación de las semillas, macetas y de la tierra necesaria para las plantas; y el «cuidador» se encargaba de la seguridad de las naves, la supervisión de las cosechas, su envasado y entrega al «transportista» para su distribución.

La investigación ha determinado que la organización criminal podría haber invertido, entre el alquiler y el acondicionamiento de las naves, unos 240.000 euros.