El PP recoge firmas en Haro contra la Ley Celaá
Representantes del PP locales y autonómicos se han dado cita en la plaza de la Paz de Haro para informar sobre la normativa educativa para recoger firmas en su contra. La campaña impulsada por NNGG de La Rioja recorre los principales municipios de la Comunidad.
El secretario general del PP de La Rioja, Alberto Bretón, días atrás exigió a Concha Andreu una ley para blindar la educación concertada frente a los ataques de la Ley Celaá. Los populares pidieron a la presidenta de La Rioja que active todos los mecanismos jurídicos a su alcance para proteger la libertad y la calidad de la Educación en La Rioja y anunciaban que el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad y así como la recogida de firmas contra la reforma educativa del Gobierno de Sánchez.
El Partido Popular «apoya la libertad de elección de centro, apuesta por la educación pública, concertada y especial, cree en el valor del esfuerzo del alumnado y defiende el español como lengua vehicular en España».
No cabe más gente en la plaza
partido popular nos roba nuestro pan
El Barto, en tu cerebro no entran ni los EREs de Andalucía ni los saqueos de los fondos reservados. Para ti solo roba PP. Buena cabecita….
A los dos primeros os falta un hervor, no?. No me extrañaría, con gente así, que el triparrobo se repita en Haro
partido popular nos roba nuestro pan…
Barto, el loro
que pan si te gusta quemado.
Que sí Perro Sánchez, que ya lo has dicho. A ver si piensas, poco porque igual te da un ictus, pero piensa.
SE LA HAN LLEIDO???
LA GENTE SE HA LEIDO LA LEY??
LA SABEN INTERPRETAR??
SABEN LO QUE QUIERE CAMBIAR??
@Uno+, lee y calla
Respecto a la ley, la considera “inoportuna” porque llega en mitad de una pandemia y porque ha sido redactada hace dos años cuando las necesidades que tenía la educación eran distintas a las que tiene ahora en 2020 de cara a 2021.
Asimismo, afirma que una de las cosas que más les preocupa es que la Ley Celaá quita a los padres la libertad a la hora de elegir la escuela para sus hijos y acaba con la pluralidad de modelos educativos en España: “Busca que la concertada deje de ser complementaria de la escuela pública para pasar a tener un papel secundario”. Por este motivo, asegura que si esta ley llega hasta sus últimas consecuencias, puede derivar en la desaparición definitiva de la escuela concertada, “que se quede en algo completamente residual y subsidiario de la pública”.
No obstante, considera que esta pérdida de libertad no sólo afecta a los padres que eligen llevar a sus hijos a colegios concertados, sino también a los de la escuela pública, ya que estos últimos tampoco podrán elegir a qué colegios quieren llevar a sus hijos. “Si yo quiero un colegio público con un proyecto educativo concreto, no lo voy a poder elegir porque quien elegirá por mí será el Estado (…)”, este modelo educativo supone “no entender cómo funciona la educación en España”.
Sobre el punto referido al pago de cuotas, se debe regular el módulo de concierto para la financiación de la escuela concertada: “Esto no es algo que beneficie únicamente a la concertada porque lo que queremos es que al Estado le cueste igual esta que la pública. La realidad, a día de hoy, es que el alumno de la concertada le cuesta al Estado poco más de la mitad que el alumno de la pública”.
Reconoce que no han recibido respuesta por parte del Ministerio de Educación a sus peticiones y vuelve a denunciar que no hayan contado con un tipo de educación que representa el 30% en España: “Nosotros lo que queremos es que haya plazas en función de la demanda de las familias. Si hay zonas donde se demanda más escuela pública, que se amplíen las plazas, pero si hay zonas en las que se demanda más escuela concertada, que no se cierren y obliguen a las familias a dirigirse a la escuela pública”.
«PASMAO» aplícate el cuento Y LEE Y DESPUÉS HABLA.
La ley no dice lo que tu repites como un loro que escucha a su amo y emite sonidos parecidos.
No se puede hacer una ley adaptada para circunstancia particular. Se supone que debe servir para periodos más largos que una pandemia.
La libertad de elección de centro viene limitada por la disponibilidad de centros y de plazas. La pública llega a todos los sitios donde la privada concertada no va porque no es rentable. Los padres que viven en esas zonas no pueden elegir, pero tienen garantizado su servicio escolar. Donde coexisten varios centros tanto públicos como concertados se establecen unas condiciones y un baremo para adjudicar las plazas disponibles.
Los centros concertados no pueden discriminar a sus alumnos por su raza o sexo.
Es cierto que el módulo del concierto debe ampliarse recogiendo una retribución y condiciones laborales similares a las existentes en la pública. Los gastos de funcionamiento también deben adaptarse a los gastos reales de mantenimiento y mejora de las instalaciones y dotaciones pedagógicas. Lo que no se puede permitir es el cobro por conceptos no autorizados sin justificar y mucho menos pagos a fundaciones que evitan pagar los impuestos.
El coste por alumno en la pública es mayor por diversas razones. No se explota al profesorado como se hace en muchos centros concertados. Se atiende y mantiene centros en poblaciones con ratios muy reducidas de alumnado. Se tiene que mantener la estructura educativa y garantizar la prestación de los servicios educativos.
Además la ley quiere evitar el abuso que se está cometiendo en algunas zonas gobernadas por el PP consistente en regalar terrenos públicos a «empresarios» que construyen colegios concertados, sin haber empezado las obras, mediante créditos a largo plazo y que posteriormente abusando de la falta de empleo crean una cooperativa admitiendo como socios a los titulados que deben entregar una cuota de entrada, que se reparten los promotores, y asumir la integridad de los créditos con los que se ha construido el colegio, lo que se traduce en una merma de sus retribuciones y una sobrecarga en su trabajo. Y un negocio muchas veces en negro para esos “empresarios”.
Los centros concertados no se cierran por esta ley. Tanto los públicos como los concertados reducen o aumentan su número de aulas cuando es necesario de acuerdo con las ratios establecidas.