La UAGR-COAG exige al Gobierno de La Rioja que asuma el coste de los daños de la fauna en los cultivos
Dados los daños que ya se empezaban a observar en los cultivos, desde la Unión de Agricultores se envió hace 15 días sendas cartas a Eva Hita (consejera de Agricultura y Ganadería) y a Álex Dorado (consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica) solicitando “que se habilitaran excepciones para la actividad cinegética en el caso de control poblacional y gestión de daños a los cultivos, con las limitaciones pertinentes que garanticen la seguridad sanitaria”. La carta iba acompañada de un informe detallado en el que se mostraban los daños que los agricultores de nuestra Comunidad han tenido a causa de la fauna silvestre.
En la UAGR no se ha recibido contestación todavía, mientras que ayer se producía en el Parlamento de La Rioja el rechazo explícito del consejero Álex Dorado Nájera a una moción aprobada por mayoría y que defiende permitir el control poblacional de las especies que más daño están haciendo en el campo.
La Unión alerta de la grave situación que se está empezando a sufrir por esta razón y que comienza a parecerse a la que se tuvo que que soportar el año pasado durante el confinamiento. Para la organización no se puede afirmar desde los gobiernos por un lado que la agricultura es un sector esencial, mientras que por otro se prohíbe la caza de ciertas especies cuya sobrepoblación provoca una auténtica calamidad en muchos de nuestros cultivos.
La UAGR alerta de que la situación se complica aún más porque los seguros agrarios solamente cubren los daños producidos en las parcelas que no han declarado siniestro por daños de fauna en los tres años anteriores. Puesto que la agricultura y la ganadería son considerados por los gobiernos como actividades esenciales durante la pandemia, pero no se permite controlar la sobrepoblación de fauna, la Unión exige al gobierno de La Rioja que se haga cargo de todos aquellos daños por fauna que no son asegurables.
Por último, la UAGR advierte que estudiará también la posibilidad de que los agricultores puedan pedir indemnizaciones ante unos daños producidos por la desidia e inacción de las administraciones.