El contrato sale a licitación por 158.710 euros y dos años de duración, con opción a dos más de prórroga. El objetivo es promover la protección de los jóvenes, dotando a las familias de “un adecuado nivel de funcionamiento y autonomía”.

El objetivo final de este programa, destaca el informe que sirve de base a esta propuesta de contratación, es dotar a las citadas familias de “un adecuado nivel de funcionamiento y autonomía, potenciando sus propios recursos y el desempeño eficaz de roles, obteniendo una mejora en el comportamiento de los menores del hogar, al comunicación intrafamiliar, los resultados escolares, la disminución de conflictos y del sufrimiento familiar e individual de cada miembro, y la en la coherencia en las pautas normativas y su acatamiento”.

El equipo de gobierno recurre a la “externalización” del servicio, mediante convocatoria pública, al no disponer “de medios personales ni materiales para poder abordar la ejecución de los trabajos” recogidos en ese programa de intervención.

Está previsto que comience a ser aplicado a partir del 1 de enero de 2025 y se que prolongue hasta el 31 de diciembre de 2026, fijando la duración máxima del contrato hasta finales del año 2028.