Un total de 135 cooperativas y bodegas acreditan los requisitos exigidos para poder recibir ayudas para destilar excedentes de vino. Las cooperativas y bodegas beneficiarias se comprometen a firmar contratos de compra de uva tinta por encima de 0,68 euros por kilo y por un volumen de al menos el 70% de lo adquirido en campañas anteriores. Los solicitantes disponen de un plazo de cinco días desde su publicación en el BOR para presentar el acuerdo firmado con la destiladora.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la resolución provisional con las 135 cooperativas y bodegas que cumplen los requisitos y condiciones para poder recibir la segunda anualidad de ayudas a la destilación voluntaria de vinos amparados por la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, que deberá realizarse hasta el 15 de noviembre. Esta Orden de ayudas asegura la compra de 97 millones de kilos de uva a más de 7.050 viticultores a precios de rentabilidad agraria.

El Ejecutivo regional ha dispuesto 15,88 millones de euros para esta campaña 2024, el máximo que permite la normativa de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), con un ayuda por valor de 0,86 euros por litro de vino tinto. En este sentido, gracias a estas ayudas del Gobierno de La Rioja se garantiza la compra de 97.390.600 kilos de uva, cerca del 38% de la producción total de uva tinta producida por alrededor de 7.052 agricultores, aproximadamente el 70% del total de viticultores de nuestra región.

Estas bodegas y cooperativas se han comprometido a firmar contratos de compraventa de uva tinta a viticultores riojanos a precios de rentabilidad por encima de los 0,68 euros por kilo, en un volumen superior al 70% del adquirido en las últimas campañas. Los contratos firmados deberán presentarse obligatoriamente ante la Consejería, junto con la solicitud de pago de la ayuda.

En un primer momento solicitaron estas ayudas 141 bodegas y cooperativas (21 cooperativas, 6 SAT y 114 bodegas). De ellas, 136 están ubicadas en La Rioja y 5 cuentan con domicilio fiscal fuera de La Rioja, pero cumplen el requisito de comprar uvas a viticultores riojanos. Estas 141 bodegas y cooperativas solicitantes representan el 24,7% de las 571 existentes en nuestra Comunidad, si bien finalmente dos renunciaron durante el proceso y cuatro no cumplían las condiciones para poder ser beneficiarias, por lo que, de forma provisional, la ayuda llegará en última instancia a 135 bodegas.

Se han solicitado ayudas para destilar un total de 25.774.230 litros de vino, valorados en 22.165.838 euros. Tras la reducción del máximo a destilar al 50% del volumen de vino tinto elaborado en 2023, se otorgarán ayudas para destilar 18.473.458 litros de tinto. La media de litros por solicitud se sitúa en los 182.796 litros. La que más demanda recibirá ayudas para destilar 1.041.298 litros y la que menos se queda en los 3.091 litros. Un total de 108 solicitudes corresponden a menos de 200.000 litros; 26, entre 200.000 y 500.000 litros; y 7 solicitan más de 500.000 litros.

El objetivo de estas ayudas es contribuir a corregir el desequilibrio en el sistema oferta-demanda para las uvas y vinos acogidos la DOCa Rioja, así como incentivar y asegurar a los viticultores riojanos la venta de sus uvas a precios de rentabilidad, favoreciendo la estabilidad del sector.

Los solicitantes incluidos en esta propuesta provisional de resolución de concesión disponen de un plazo de 5 días, desde su publicación hoy en el Boletín Oficial de La Rioja, para presentar las alegaciones que estimen oportunas. Además, deberán presentar el contrato firmado con una destilería autorizada para recibir el volumen de vino concedido objeto de ayuda para ser destilado. La falta de presentación de dicho contrato con la destilería en el plazo establecido, no será subsanable y se dictará resolución de renuncia a la ayuda.

Por último, la destilación deberá realizarse hasta el 15 de noviembre de 2024 y el alcohol obtenido se utilizará exclusivamente en procesos industriales, incluida la fabricación de desinfectantes y productos farmacéuticos, o energéticos, con el fin de evitar distorsiones de la libre competencia.